Sentenciado se encuentra en la antesala de la muerte, en EU

M. Peralta y G. Moyssen 

La ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, programada para el miércoles 8 de noviembre en Texas, coloca sobre la mesa otra vez el tema de la defensa de los connacionales en EU y en otras partes del mundo, que se ve limitada por las leyes locales y el alcance de los acuerdos jurídicos bilaterales y multilaterales, así como por la escasez de recursos con los que a menudo debe enfrentarse el juicio.

A Ramírez Cárdenas, de 47 años y originario de Irapuato, Guanajuato, el Departamento de Justicia Criminal de Texas le dictó en agosto la fecha en que será ejecutado por inyección letal en el Pabellón de la Muerte del presidio Allan B. Polunsky de Livingstone, a 120 kilómetros de Houston, por el secuestro, violación y homicidio en 1997 de su prima hermana Mayra ‘N’, de 16 años, en Retama Village, al sur de ese estado.

El día del asesinato, Ramírez Cárdenas y su amigo Tony Castillo supuestamente entraron a la habitación de adolescente y la llevaron a un paraje solitario, donde se perpetró el ataque. Más tarde, Castillo denunció a Ramírez Cárdenas y se entregó a las autoridades, que lo condenaron a 25 años de cárcel. 

Ramírez Cárdenas aceptó que había consumido alcohol y pastillas, pero argumentó que se quedó dormido y que el autor de los hechos fue su amigo. Sin embargo, las autoridades han descartado varias apelaciones en la Corte Federal del Quinto Circuito de Texas, en las que se asegura que no se respetaron los derechos consulares del connacional, que fue golpeado por policías y obligado a firmar una declaración de culpabilidad.

El 22 de agosto, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, solicitó mediante la SRE a su homólogo texano, Greg Abbott, que se realizaran análisis genéticos de ADN como prueba para acreditar la inocencia de Ramírez Cárdenas. Su defensa está a cargo de un grupo de abogados en coordinación con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense; aún hay esperanzas de que se aplace la ejecución, ya que justo el día mencionado el gobernador de Missouri, Eric Greitens, suspendió la pena capital contra Marcellus Williams, al validarse el argumento de que no se encontró su ADN en el cuchillo usado para matar a una reportera local en 1998.

Petición de la CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró el 10 de octubre su petición a Abbott y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas para que se conmute la ejecución por cárcel, al recordar que no se opone a la imposición de penas, sino que se pronuncia porque se apeguen al Sistema Internacional de Derechos Humanos. 

Además de Ramírez Cárdenas, hay 55 mexicanos que esperan ser ejecutados en todo EU, según el Death Penalty Information Center de ese país.