Ex góber “vendió” tierritas a familia

Por Silvia Hernández y Astrid Sánchez

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial estatal durante la pasada administración, encabezada por el priísta Roberto Borge Angulo.

Fueron vendidos a familiares cercanos del ex gobernador terrenos que equivalen a 95 millones de metros cuadrados; incluso, en algunos casos las transacciones no llegaron ni a 1% de su valor real.

El mandatario anunció que éstas son las primeras demandas penales de una serie que presentarán por irregularidades que han detectado en las auditorías y revisiones a la cuenta pública que realiza el nuevo gobierno. 

Detalló que las acusaciones por la venta irregular se concretaron en Cozumel, Cancún, Puerto Morelos, Tulum y en Othón P. Blanco, entre otros; y aunque aclaró que no tenía el monto exacto del daño patrimonial por la venta de la reserva territorial del estado, adelantó que su administración realiza los avalúos comerciales caso por caso.

“El destino de esas tierras debió ser para desarrollo social y de vivienda; en cambio, fueron vendidas por debajo de su costo real”, acusó y precisó que las demandas son en contra de quien resulte responsable; en el caso de las presentadas en PGR, se debe a la cercanía con terrenos federales.

En la Ciudad de México, representantes del gobierno de Quintana Roo, informaron que Borge Angulo realizó las ventas a bajo precio de terrenos pertenecientes al estado. Además, están vinculadas al caso de la entonces directora General del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva.

Rafael Antonio del Pozo, secretario de la Gestión para Quintana Roo, informó que en “las enajenaciones se fijaron precios de venta muy por debajo del valor, que en algunos casos no llegó ni a 1%”, además de que fueron vendidas a familiares del ex mandatario.

De retache. Derivado de las observaciones hechas por la Auditoría Superior del estado y de la Federación (ASF), el gobierno federal podría solicitar a Quintana Roo la devolución de tres mil 600 millones de pesos, por la incorrecta aplicación de recursos durante 2014.