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La investigación del caso del rancho de Teuchitlán, Jalisco, debe ser profesional, imparcial y expedita, libre de revanchismos, prepotencia y afán de lucro político, ahora que el caso lo llevó la Fiscalía General de la República, urgió un Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara y por eso se fundó.
Destacó el descubrimiento en el predio de sitios de incineración clandestina, la recuperación de restos óseos calcinados, la enorme cantidad de indicios acumulados en el sitio, los testimonios anónimos de quienes estuvieron ahí y el conocimiento del modo de operación de los criminales asentados en la entidad, hacen evidente que en ese lugar se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
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Desde que se constituyó en agosto del 2019, este Comité ha venido denunciando y alertando públicamente sobre la crisis de desaparición de personas que ocurre en Jalisco, que es mayor a la ya de por sí inadmisible cifra oficial de 15 mil 426 denuncias.
En el documento resaltó la conexión estructural que tiene esa crisis con el crimen organizado y la corrupción policiaca y judicial; la incapacidad de las autoridades tanto federales como estales para contenerla; así como la permanente disposición de los sucesivos gobiernos municipales y de toda la entidad a no registrar todas las víctimas, desinformar sobre sus verdaderas causas, menospreciar las demandas de colectivos de víctimas y no alertar a la sociedad de su tamaño y gravedad.
Comentaron que el hallazgo de restos humanos, ropa y demás objetos de parte horror cotidiano y generalizado que se vive en Jalisco y que, por desgracia, no Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo en un predio de Teuchitlán, Jalisco siempre ha merecido la atención nacional e internacional.
"Teuchitlán nos recuerda otras tragedias similares que se han permitido y nos han llenado de luto e indignación", aseveraron.
