Más Información
Entre estas agravantes se encuentran situaciones como: el uso de menores de edad o adultos mayores para cometer el delito; la participación de servidores públicos; extorsiones dirigidas a comerciantes; la realización del delito desde el interior de centros penitenciarios.
Estas medidas permitirán sancionar con mayor severidad a quienes cometan este acto cobarde, que atenta no contra el patrimonio, y también contra la integridad personal.
Antes de esta reforma, la extorsión era considerada un delito patrimonial, con penas de seis meses a ocho años de prisión, lo que permitía a los acusados salir bajo fianza. Ahora, será catalogada como un delito mixto, al reconocer el daño tanto patrimonial como personal que genera en las víctimas.
Este avance legislativo surge de las iniciativas presentadas por Brugada; la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; y la diputada Tania Larios. El objetivo es claro: combatir y erradicar la extorsión, un delito que se ha convertido en pandemia que afecta gravemente la economía y la seguridad en la ciudad.
La aprobación de estas reformas representa un paso firme hacia la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, enviando un mensaje contundente: la extorsión no será tolerada.