El operativo para su detención fue tan exitoso como lo fue la revisión de “la letra chiquita” para su liberación o la estrategia para su escape de un juzgado federal.

Fabián Osvaldo había sido capturado con su padre en un cateo de la Marina, en la colonia Lindavista. Les aseguraron droga y un taller donde presuntamente realizaban blindajes artesanales para camionetas del crimen organizado, de esas conocidas como “monstruos”.

Después, el caso se desarrolló como si fuera guion de película. Aunque la realidad revela un proceso de descomposición en torno a los juzgados federales.

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Prácticamente era de dominio público: Fabián Osvaldo, conocido como “El Cachorro”, es uno de los generadores de violencia más buscados por la FGJ CDMX. Incluso, desde agosto pasado hay una recompensa de 3 millones de pesos por él.

Aun así, el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta —en una audiencia en la cual estuvo vía remota— lo liberó por supuestas irregularidades en el cateo. Afuera del juzgado lo esperaban agentes de la PDI para detenerlo por desaparición forzada, pero “El Cachorro” salió por atrás caracterizado como abogado. El juzgador no supo, porque ya se había desconectado.

Las dudas sobre la participación de servidores públicos son evidentes. Por ello, y para combatir la impunidad, el Jefe de Gobierno de CDMX, Martí Batres, denunció en la FGR al juez por la presunción de delitos contra la administración de justicia.

¡Ponte al tiro! Un “cachorro” anda suelto.

@guerrerochipres

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