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Dado que ninguna en realidad tuvo ánimo de escalar el conflicto, aceptaron mediar, y al ser atendidas, primero por separado, argumentaron tener derecho sobre el inmueble.
Se les explicó a las hermanas que participar en una mediación implicaba escucharse, formular alternativas de solución y dirimir su conflicto a través de un diálogo. Así, decidieron participar en la mediación, y, una vez que hablaron, comprendieron que tenían iguales derechos, que la vía penal no era la instancia correcta, pero que su actuar había minado su hermandad.
Por ello, en una segunda sesión firmaron un convenio en el que acordaron que ambas seguirían ocupando la casa; que Alejandra no tendría espacios exclusivos; pagaría a su hermana cierta cantidad por el perjuicio que le causó privarla de algunos servicios; que se retiraría la denuncia penal, y que se dividirían por la mitad los gastos y costos del eventual proceso de sucesión intestamentaria del inmueble.
Ambas hermanas agradecieron el servicio imparcial y la oportunidad de una reconciliación.
