La propuesta de reforma en telecomunicaciones exige abrir un debate amplio, incluyente, transparente, pues sin un diálogo abierto sobre el tema, se corre el riesgo de que dicha iniciativa sea moneda de cambio para la aprobación de las reformas fiscal y energética. Este proyecto está incompleto porque no incluye la reducción de tarifas y costos para el usuario de los diversos servicios del sector, ni contempla la reglamentación de la publicidad oficial con criterios de transparencia, equidad y pluralidad.

La iniciativa no considera la reglamentación del derecho de réplica, ni el ombudsman de los televidentes, ni los derechos de las audiencias, no promueve la pluralidad de contenidos, de ideologías, concepciones y culturas. Las nuevas cadenas de televisión están dirigidas hacia grandes grupos económicos que ya están en otras áreas de las telecomunicaciones.

En un alarde de entreguismo, la iniciativa abre las telecomunicaciones a la inversión extranjera en 100%, como pidió el Banco Mundial. La iniciativa gubernamental ignora por completo a la sociedad civil, a las radios comunitarias, indígenas, universitarias, entre otras. La iniciativa de telecomunicaciones del gobierno federal intenta dar a entender que se da respuesta a esta demanda. Pero no es así.

La iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones está lejos de representar los anhelos de la sociedad, ya que propone un órgano autónomo para regular a medios, pero la experiencia concreta que tiene México con este tipo de instituciones deja mucho qué desear, por el actuar que han tenido organismos “autónomos” como el Instituto Federal Electoral o el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que son controlados por el gobierno.

El Congreso de la Unión no debe aprobar lo que se discutió en secreto, en otra parte. La democratización de los medios de comunicación no puede reducirse sólo a la libre competencia empresarial, debe incluir sobre todo al mundo no mercantil. Por eso es fundamental que todas y todos intervengan en la discusión de los cambios propuestos, para que haya una transformación real.

La forma política que se utilizó para la elaboración de la iniciativa representa un nuevo retroceso autoritario. No se sabe aún que negociaciones hubo en las altas esferas privadas para tener la aceptación de los presuntamente afectados.

Posdata: nos vemos el lunes 18 de marzo en el Hemiciclo a Juárez a las 11 de la mañana para defender el petróleo para México.