Cuando quedé embarazada todo el mundo me decía: ‘No vas a poder’. Hasta la fecha, si algo le pasa a mi hija o está haciendo algún berrinche, aunque yo haga todo por solucionarlo, me dicen ‘no la debiste haber tenido’, ‘fuiste muy irresponsable al embarazarte’. Eso lastima mucho porque ella es una de las mayores alegrías de mi vida y porque no ven todo lo que he logrado y luchado para tenerla. Hay cosas en las que fallo, pero me esfuerzo mucho para que no le falte nada. Sin embargo, no hay día en que alguien no me diga que soy muy irresponsable, que mi hija sólo vino a sufrir, no me reconocen que tuve el valor de tenerla. Mi mamá se la pasa diciéndome que mi hija fue un error”. La siguiente es una historia de violencia de género en nuestra sociedad que se encuentra oculta. Eso es lo que hace tan distinta esta historia.
El testimonio transcrito más arriba es el de una mujer con una discapacidad psicosocial; es decir, que sufre de trastorno bipolar, esquizofrenia o depresión clínica aguda. Todas estas enfermedades son difíciles y dolorosas tanto para el que la padece como para la familia, y son de por vida; pero se pueden tratar con medicamentos y terapia, y la persona puede hacer una vida funcional.
Hace unos días, dos organizaciones civiles, una internacional: Disability Rights International (DRI) y otra nacional, Colectivo Chuhcan, presentaron un informe sobre la manera en que los sistemas de salud niegan a las mujeres con alguna discapacidad psicosocial el derecho a decidir sobre su cuerpo, ser madres si quieren serlo o no.
La investigación encontró que 40% de las mujeres entrevistadas había sido esterilizada de manera forzada u obligada por sus familias.
“Cuando yo estaba embarazada quise dejar de tomar los medicamentos para que no afectara a mi bebé. Sin embargo, esto ocasionó que tuviera una crisis. Fui a una consulta psiquiátrica y la doctora le dijo a mi mamá que yo tenía que abortar, como si fuera cualquier cosa. Esa conversación la tuvieron mi mamá y la doctora mientras yo estaba ahí presente, pero nunca me preguntaron directamente qué era lo que yo quería hacer, me ignoraron por completo. […] Tenía 4 meses de embarazo. Me mandaron al área de ginecología para que me practicaran el aborto. […] En ginecología otra doctora me practicó un ultrasonido. Yo le dije que mi mamá y la psiquiatra querían que abortara, pero que yo no quería. Le rogué que no dejara que me obligaran a perder a mi bebé. La doctora que me estaba haciendo el ultrasonido dijo que no iban a dejar que me practicaran el aborto, si no hubiera sido por ella hoy muy probablemente no tendría a mi hija conmigo”.
A lo anterior, se suma que más del 40% de las entrevistadas informó haber sufrido algún abuso al acudir a un ginecólogo: comentarios ofensivos, abuso sexual y violación. Para DRI, la esterilización forzada en instituciones propicia que estas niñas y mujeres sean víctimas de violencia sexual impune.
“En 2014, DRI encontró una institución para niños con discapacidad en México, Casa Esperanza, la cual tenía como política la esterilización forzada de todas las niñas que eran ingresadas. DRI llevó este caso ante el Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual condenó a México por la práctica de la esterilización forzada, negándoles a las mujeres el derecho legal de tomar decisiones por ellas mismas”.
DRI explica en el informe que existe la creencia que una mujer con discapacidad heredará ésta a sus hijos. Pero, aclara, es como si a una persona con determinada enfermedad que puede heredarse se le prohibiera reproducirse; por ejemplo, aquellos con diabetes o ciertos tipos de cáncer.
