“Me levantaron de los pelos y me dijeron ‘súbete a la camioneta, puta’. Apenas podía moverme […]. Me ordenaron bajar la cabeza sobre un charco de sangre; yo no quería poner mi cabeza en la sangre, pero la bota negra de un policía sobre mi cabeza me obligó a hacerlo. La camioneta encendió motores y en el camino fui manoseada por muchas manos de policías; yo sólo cerré los ojos y apreté los dientes esperando que lo peor no sucediera. Con mis pantalones abajo, la camioneta se detuvo. […] Arriba del bus otra policía mujer preguntó mi nombre mientras dos policías hombres pellizcaban mis senos con brutalidad”.
Éste fue el testimonio de Valentina Palma, chilena, quien en 2006 tenía 30 años y llevaba 11 viviendo en México; era egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudiante en el Centro de Capacitación Cinematográfica. El abuso y la tortura sexual a la que fue sometida ocurrió el 4 de mayo de ese año, en el contexto de la represión en el pueblo de San Salvador Atenco, estado de México.
No fue la única. Ese día decenas de mujeres fueron vejadas. Pero las mujeres de Atenco no son las únicas que han sufrido violencia sexual por agentes de la ley.
Basta recordar el que es quizá uno de los relatos más indignantes. En febrero de 2013, tres policías de Chimalhuacán detuvieron a una pareja de novios por presuntas “faltas a la moral”. A la menor, de 15 años, la violaron. Cuando los dejaron ir, la adolescente relató lo que pasó a su madre. Llamaron a la “autoridad”; llegaron tres municipales a bordo de la patrulla 554. La adolescente reconoció a uno de sus agresores, quien conducía la unidad policiaca. El novio de la muchacha quiso impedir que se diera a la fuga y el policía violador lo mató para huir.
¿Qué pasa cuando los agentes que, se supone, deben cuidar y velar por la seguridad de los hombres y mujeres, violan, agreden y torturan a las mujeres?
Actualmente 11 de las mujeres que fueron agredidas en Atenco mantienen una querella contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ayer anunciaron la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”.
Ellas saben lo difícil que es hacer público el hecho de haber sido víctimas de este tipo de delitos. No sólo se suma la vergüenza y lo doloroso de la violencia sexual, sino que además el agresor tiene una cuota extra de poder. Por eso ellas quieren ayudar a otras personas que han sufrido situaciones similares en este proceso de denuncia.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, apoya la iniciativa. Hernández Valencia asegura que la violencia sexual por parte de policías “no es un ‘error’”.
“colapso de los sistemas de control”
“La tortura en la forma de violencia sexual contra las mujeres no es una casualidad, no es un desliz, no es un error. Ninguna autoridad se ‘equivoca’ cuando viola a una mujer”. Por el contrario, “supone un colapso total de los sistemas de control; segundo, una imposición monumental de nuestros sistemas patriarcales […], y tercero, revela […] que nuestra impunidad machista tolera que se viole a mujeres como una suerte de cuota que se les impone a las mujeres porque viven en este subcontinente. No es así en otros lugares del planeta. No es así. Existe, sí, violencia, pero no tan grande”.
¿Hay forma de revertir esta situación? Uno de los primeros pasos, aclaran diversas organizaciones no gubernamentales, es romper el silencio. Pero para ello se requiere mucho valor. Y para sumar valor, para ayudar a otras víctimas, es que las 11 mujeres de Atenco han decidido lanzar esta campaña y ayudar a otras mujeres.
Cualquier víctima de este tipo de delito puede buscar ayuda en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez: (55) 5546 8217 y (55) 5566 7854.
