Karla Romer Tezmol es una niña de 11 años que, hasta el 13 de enero pasado, vivía con sus papás y su hermano en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, pero aquel día salió de su casa y desapareció. Testigos vieron que se la llevaron en un automóvil negro. Sin embargo, y a pesar de que el municipio es parte de la ruta de la trata, para la Procuraduría de Tlaxcala no hubo delito que perseguir.
San Pablo del Monte se encuentra al sur de Tlaxcala y colinda con el estado de Puebla. De ahí, registran asociaciones civiles y autoridades, provienen tratantes y explotadores sexuales, además de muchas de sus víctimas; de esta zona se llevaron a Karla.
Karla siempre caminaba rumbo a la escuela acompañada de su hermano, pero aquel día, él no tuvo clases. Como saldría sola, su madre le prestó el celular, “por seguridad”, pensó. Pero en realidad la escuela estaba cerca, un trayecto de no más de diez minutos sobre la calle 20 de Noviembre, una de las más largas de la comunidad.
A media mañana, la mamá envió al hermano a la escuela para entregarle a Karla un lunch. Ahí fue cuando el hermano supo que Karla nunca había llegado al plantel. La familia inmediatamente se trasladó a la Procuraduría de Tlaxcala a levantar una denuncia. Sin embargo, y aunque se trata de una niña de 11 años, las autoridades se negaron, sólo levantaron un acta de hechos, el mismo trámite que se hace cuando uno extravía un pasaporte, por ejemplo. Pero en este caso lo que se extravió fue una niña, denuncia Miriam Pascual, abogada de la familia e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Para la Procuraduría hasta la fecha, “no hay delito que perseguir”.
Como no había delito que perseguir, la dependencia no emitió la alerta Amber, sino hasta 21 días después, el pasado 4 de febrero. Mientras, la familia de Karla supo que al menos un testigo vio cómo se llevaron a la pequeña en un coche negro, sobre la calle 20 de Noviembre. Incluso, habría sido posible que la cámara de seguridad de un particular hubiera captado algo. Pasaron esta información a la Procuraduría, pero las autoridades, al hacer el trámite para solicitar los videos, escribieron mal la fecha; en vez de solicitar los videos del 13 de enero, pidieron del 14. Para cuando la familia se dio cuenta de este error, los videos ya habían sido borrados.
Otro indicio fueron varias llamadas que recibió la familia, en las que alertaban que Karla estaría siendo explotada en la ciudad de Puebla. Para cuando los familiares se presentaron a la zona, la gente ya sabía que habría un “operativo”.
Aunque el caso de Karla sigue siendo un “acta de hechos” porque “no hay delito que perseguir”, las autoridades tlaxcaltecas han decidido buscarla únicamente muerta: han hecho rondines en barrancas y ahora realizan una “necropsia sicológica”. Como el nombre lo indica, este tipo de peritaje trata de reconstruir el perfil sicológico de una víctima que, por lo general está muerta, explica Miriam Pascual, pero más grave aún, esta prueba se ha utilizado en ocasiones para justificar delitos o crímenes. Por ejemplo, en el caso de la muerte de Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos que apareció muerta en su oficina con varias heridas de fuego. En aquella ocasión, se realizó una necropsia de este tipo que fue utilizada para que las autoridades concluyeran que la abogada “se había suicidado”.
La única forma que ha tenido la familia para que la Procuraduría haga un poco de caso ha sido la movilización. Han debido cerrar carreteras y llamar a organizaciones civiles. Sólo así les han hecho caso. Sin embargo, las autoridades siguen queriendo responsabilizar a Karla de su desaparición. Miriam Pascual concluye: “Están haciendo todo lo posible para justificar que Karla ‘se fue con el novio’, a pesar de que Karla tiene 11 años. Y sólo la buscan muerta”.
