Tras seis años de impunidad, fue detenido Julio César Hernández Ballinas, presunto responsable de la muerte de Mariana Lima, el primer caso de feminicidio revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde que Mariana fue hallada muerta en su casa el 28 de junio de 2010, Hernández Ballinas, policía judicial en Chimalhuacán y quien era su esposo desde hacía cuatro años, aseguró que se había suicidado. La procuraduría mexiquense dio por cierta la versión de Ballinas. Sin embargo, el 25 de marzo de 2015, la SCJN determinó que dicha procuraduría había incurrido en serias omisiones al momento de investigar el caso, así que ordenó rehacer la investigación, incorporando varios lineamientos y protocolos con perspectiva de género.
Ésta es la historia a la que siempre se dio seguimiento en El Gráfico:
La mañana del 28 de junio de 2010, el timbre del teléfono despertó a la señora Irinea Buendía.
—Tu hija Mariana se suicidó–, dijo su yerno Julio César Ballinas del otro lado de la línea.
Irinea había visto a su hija la tarde anterior. Mariana, con 29 años y cuatro de casada, le había dicho que ahora sí iba a dejar a Ballinas por las golpizas. Irinea conocía las anécdotas macabras que sufría su hija: las amenazas de muerte, decirle que ya había matado a otras mujeres, meterle la pistola en la boca —el arma proporcionada por la procuraduría— y amenazarla con jalar el gatillo.
Así que Irinea no le creyó a Ballinas (como todos llaman a Julio César), colgó el teléfono, salió de su casa y media hora después, acompañada de otra de sus hijas y el esposo de ésta, se encontraba en la calle Naranjos, barrio de Xochitenco, Chimalhuacán: la casa que Ballinas compartía con Mariana.
Encontraron el portón abierto. Ballinas se había ido.
Entraron a la recámara. Una muñequita de trapo que siempre estaba pegada al espejo había sido derribada sobre una mesa. El cadáver de Mariana estaba recostado en la cama; su rostro estaba negro e hinchado. Irinea la besó. Olía a limpio. El cuerpo ya presentaba rigidez; tenía rasguños en el cuello, en la frente, moretones en las piernas. El pelo, revuelto, como si alguien lo hubiera secado con una toalla; los dedos tenían esas arrugas que deja el haber pasado mucho tiempo en el agua. Los pies, descalzos y limpios, mientras que el piso estaba sucio.
A los pocos minutos llegó Ballinas con los agentes ministeriales, sus mismos compañeros de trabajo. Levantaron el cadáver en 10 minutos y tomaron un par de fotografías desenfocadas.
El peritaje elaborado por la procuraduría mexiquense concluyó que Mariana se había suicidado semisentada, con un cordón de cinco milímetros de grosor —aunque la marca en el cuello tenía un diámetro de 5 centímetros—. Con el tiempo, algunas de las pocas fotografías que se tomaron fueron revisadas por otros expertos; estos concluyeron que las lesiones no concordaban con las que deja un suicidio por ahorcamiento.
Se sumaron otras inconsistencias. No se consignó que el cuerpo fue manipulado por el marido. No se cumplió con el protocolo de investigación, no se recopilaron indicios, no se recuperó el cordón con el que supuestamente se había ahorcado, sino hasta 11 meses después.
En septiembre de 2010, la procuraduría mexiquense concluyó que Mariana se había suicidado.
Rodolfo Domínguez, joven egresado de la carrera de Derecho, conoció el caso a los pocos meses y se convirtió en persona de confianza de la familia. El 17 de noviembre gestionaron un primer recurso de revisión ante la fiscalía del Estado de México.
Un primer, segundo amparo, recurso de revisión ante tribunal colegiado, segundo recurso, nada. La justicia continuaba empeñada: Mariana se había suicidado. En febrero de 2013, Irinea solicitó a la SCJN la revisión del caso. En 2015, el máximo tribunal del país ordenó la reposición de procedimiento. Así se hizo. El pasado viernes la procuraduría mexiqunse anunció con bombo y platillo la detención de Ballinas. Durante todo este tiempo fue su judicial, ahí en Chimalhuacán.
