La tarde del 5 de febrero de 2015, el campanario de la iglesia de comunidad La Lupita, conocida también como Casas Viejas, en Lerma, anunciaba la tragedia.
A 60 metros de la carretera Toluca-Naucalpan, Fátima Quintana Gutiérrez, una niña modelo y de excelencia académica de 12 años, fue asesinada por tres hombres: los hermanos Luis Ángel y Josué Misael Atayde Reyes y José Juan Hernández Tecruceño.
Lo que la madre de Fátima encontró en esa zanja fue la perversidad encarnada en el cuerpo de su hija, semisepultado bajo escombros de ramas y hojarasca: mutilado con cortes de 10 centímetros en cara, cuello y entrepiernas, con fractura de muñecas y tobillos, un hombro dislocado y corte profundo de 30 centímetros en el pecho.
Para someterla, sus atacantes le sacaron un ojo, le tiraron los dientes y la violaron tanto vaginal como analmente; le picaron el cuerpo 90 veces, sólo por enumerar las heridas especificadas por el forense.
Lo último que la niña vio en vida fue el caer de una de las tres piedras de más de 30 kilos lanzadas sobre su rostro, las cuales causaron el traumatismo craneoencefálico severo y edema estipulado en su certificado de defunción.
A tres años de esta tragedia, Lorena Gutiérrez aún no es capaz de verbalizar el nivel de dolor que sintió al saber que la llanta que pisó y en la que se subió para buscar a su hija en esa zanja, estaba justo encima del estómago de Fátima.
Las amenazas. Aunado al viacrucis que ha implicado exigir justicia para Fátima ante la Fiscalía mexiquense, hoy la familia de Lorena corre peligro. Luego de exigir que los tres hombres pagaran por igual el delito cometido, frente a la jueza y los Ministerios Públicos que llevaban el caso, los padres de José Juan Hernández le gritaron a la madre en plena audiencia: “Comienza a temblar perra, porque ya firmaste tu sentencia de muerte”.
Meses antes, la casa de Lorena fue baleada y constantemente recibía llamadas para amedrentar a sus hijos, las cuales se hicieron extensivas a la escuela donde estudiaban los hermanos de Fátima. Por el miedo a que las camionetas polarizadas que se paraban afuera del colegio atentaran con la seguridad de los otros niños, los maestros dejaron de recibir a los hijos y nietos de la familia Quintana Gutiérrez, menores que hoy no cuentan con una vida segura y quienes, además, fueron orillados a abandonar sus estudios.
“Quiero refugio en otro país para regresarle la dignidad a mis hijos y nietos, sin miedo a que los maten. Corren riesgo y ellos no tienen culpa de nada. Tiene derecho a vivir libres”.
Hace unos meses, el caso de Fátima fue atraído por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y las exigencias giran en un mismo sentido: que el gobierno del Edomex dé cuenta de las omisiones y violaciones durante la investigación, pero lo más importante: la búsqueda de seguridad y refugio internacional para el resto de su familia.
