La Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México ha sido omisa en el acopio y desahogo de pruebas en el asesinato de Verónica Guadalupe Vega, acusan familiares. Se niegan a recabar indicios, y otras pruebas ya se “perdieron”. Por lo que Luis Ángel, probable agresor y lapidador, puede salir libre eventualmente.
Lupita Vega tenía 22 años, era madre de un bebé de tres meses y estudiante de Bioquímica Diagnóstica en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, cuando su cuerpo fue hallado a unos metros de la casa que compartía con su esposo, en la comunidad de El Vidrio, Nicolás Romero.
Era el jueves 23 de julio de 2017. Había sido apuñalada 17 veces en el pecho, y lapidada. Su rostro había sido desfigurado. Su esposo, Luis Ángel, aseguró que unos “desconocidos” habían tratado de llevarse al bebé, y al no poder hacerlo, asesinaron a la madre. Pero hay dos testigos que ubican en tiempo, lugar y circunstancia a Luis Ángel y a la madre de éste, agrediendo a Lupita. En las uñas de la víctima también fueron hallados restos de ADN del esposo, lo que concuerda con maniobras defensivas de la joven. El caso primero fue radicado en Barrientos, y después enviado a Toluca, a la fiscalía especializada.
Pero ello no ha redundado en una mejor investigación. Actualmente hay 32 pruebas que no han sido desahogadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, y los ministeriales ya han dicho a los deudos de Lupita que no lo harán. Y mientras se “pierden” pruebas: “El celular de mi hermana, ahora dicen que no existe, siendo que yo lo vi”, acusa Juana Vega, hermana de Lupita.
En el paso de Barrientos a Toluca también se “perdieron” las ropas de Lupita.
no se realizó cateo. Luego, el pasado 6 de noviembre, estaba programado un cateo en el domicilio de la víctima y el presunto feminicida: “Ese día contactaron antes que a nosotros al dueño del departamento. Llegamos nosotros y luego los de la fiscalía. Llegaron todos y entonces resulta que nadie traía las llaves. Pero la fiscalía de Barrientos sí tenían las llaves, porque Luis Ángel se las dio”.
Incluso si no había llaves, los ministeriales estaban facultados para abrir el departamento y recabar las pruebas necesarias (a Lupita la mataron a unos metros de su domicilio, después de salir huyendo de ahí). Sin embargo, no se realizó el cateo. A cuatro meses del feminicidio, los sellos de la policía ya fueron violados.
Más todavía: el 21 de noviembre pasado fue programada una audiencia para que se diera una prórroga para el acopio de pruebas. Esto había sido solicitado por los familiares de Lupita. Pero Erika Arellano, la agente del MP que lleva el caso, no avisó a la familia que se había programado.
“Fue que el juzgado me notificó, vía electrónica, que había esa audiencia, si no, no me hubiera enterado”. Ese mismo 21 de noviembre llegó otro agente del MP que no tenía conocimiento de la carpeta de investigación. El juez dio la prórroga, pero la fiscalía no ha acopiado ninguna otra prueba. Se ha negado a hacer la reconstrucción de hechos, no ha cateado el domicilio, se niega a exhumar el cuerpo de Lupita para confrontar cabellos que ella llevaba en la mano (la fiscalía asegura que son de ella misma, pero no se hicieron los análisis pertinentes, y es posible que Luis Ángel haya sido ayudado por su madre u otra persona). La fiscalía también se niega a citar a declarar a los padres de Luis Ángel.
En resumen: faltan 32 pruebas qué investigar. Pero no se ha hecho nada. Y el 9 de enero es el cierre de investigación.
“¿A qué le temen, por qué no quieren apoyar”, cuestiona Juana Vega. Mientras la familia de la víctima ha recibido amenazas de muerte y burlas.
