“¡Qué bueno que sigan sufriendo. Se los van a chingar!”, espetó un hombre que acompañaba a la familia del feminicida. La destinataria fue Juanita, hermana de Lupita, quien fue asesinada a cuchilladas y desfigurada presuntamente por Luis Ángel, su esposo. El agresor tenía unos 40 años, robusto, pelón, de lentes. Otro individuo, hermano de la madre del presunto feminicida, les gritó también: “¡Chinguen a su madre!, ¡chinguen a su madre!
Las amenazas ocurrieron el 14 de mayo pasado, justo después de la audiencia de desahogo de pruebas en el juicio contra Luis Ángel, acusado del feminicidio de su esposa y madre de su hijo, Verónica Guadalupe Benítez Vega, quien fue golpeada y apuñalada 17 veces en el pecho, frente a su pequeño de tres meses de edad, para posteriormente ser degollada, lapidada y quedar irreconocible. Todo ello durante la mañana del 7 de julio de 2017, en plena calle de la comunidad de San José El Vidrio, en Villa Nicolás Romero, Estado de México.
Ese 7 de julio de 2017, varios testigos escucharon gritos de ayuda por parte de Lupita, desde el departamento que compartía con su esposo e hijito. Hubo un testigo también que la vio salir corriendo a la calle, perseguida por Luis Ángel y la madre de éste, Gabriela. Ambos la golpeaban. (Pero la mujer jamás ha estado bajo proceso.)
Aquel 7 de julio comenzaron las amenazas. Antes de ser detenido, Luis Ángel dijo a Jesús Benítez Estrada, padre de Lupita, que un hombre encapuchado era el asesino de su hija, y había querido llevarse al bebé. Luego agregó: “Me dijo que iban por tus otros nietos”. Esa fue la primera amenaza. Las autoridades ni siquiera habían levantado el cadáver desfigurado de Lupita.
Días más tarde, cuando Juanita tomó las riendas de la defensa de su hermana asesinada, Gabriela, la madre de Luis Ángel, la amenazó directamente: “¡Ay, Guadalupe, Guadalupe, en qué nos vino a meter Guadalupe! Oye, Juana, ¿dónde están tus hijos?, porque pueden seguir ellos”.
Durante todo el proceso, los familiares de Lupita han recibido llamadas anónimas y hostigamiento. Llaman directamente al teléfono de la casa de la familia y guardan silencio. En el identificador han quedado registrados los números, y cuando Juanita ha querido marcar de regreso, no ha podido conectarse con ningún número: una grabación le advierte que ese número no existe. Esto indicaría el uso de las cada vez más escasas casetas públicas, o algún programa para hacer perdidizo el rastro telefónico.
QUE NO ES UN DELITO. Las autoridades les han informado que no pueden hacer nada, dado que las amenazas no constituyen un delito en el Estado de México. Pero aceptaron otorgar una medida cautelar: una vez al día, una patrulla se daría la vuelta por el domicilio de la familia, para ver cómo se encuentran.
Mas “la patrulla no viene”, asegura Juanita Benítez Vega. “Nosotros nos quejamos con la fiscal de feminicidios, Dylcia (Espinoza de los Monteros). Ella ha hablado con la presidenta municipal (de Nicolás Romero), y ésta le asegura que sí vienen, pero es mentira”.
Hasta la fecha, ninguna autoridad del Estado de México les ha aceptado asentar en ninguna carpeta o acta el número y la intensidad de las amenazas; ello a pesar de la muerte tan violenta que sufrió Lupita.
En el proceso judicial, el pasado 14 de mayo, se cerró la etapa intermedia del juicio, y a continuación vendrá el desahogo de pruebas, frente a un juez de proceso que será designado en próximas fechas.
