Proponen ‘Ley Octavio Ocaña’ para evitar difundir imágenes de víctimas en el Edomex

Tras el lamentable fallecimiento del actor Octavio Ocaña y las indebidas filtraciones fotográficas que se dieron sobre el cuerpo sin vida de quien diera vida al personaje de ‘Benito Rivers’ en la serie "Vecinos", hace pocas horas se propuso una iniciativa que lleva el nombre de la desaparecida luminaria, para que servidores públicos del Estado de México no puedan difundir imágenes de las víctimas.

Fue el pasado 29 de octubre de 2021 en Cuatitlán Izcalli, cuando ‘Benito Rivers’ perdió la vida en sospechosas circunstancias, donde los familiares han dicho que llegarán a fondo hasta dar con la verdad, a pesar de que autoridades de la zona ya dieron una versión oficial.

Al momento del deceso, que se dio en las inmediaciones de la carretera Chamapa-Lechería, circularon instantáneas donde se mostraba el cuerpo sin vida de Octavio.

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En días posteriores, por medio de las redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de su cadáver, que al parecer fueron captadas en la morgue, lo que provocó la indignación de sus familiares, así como de los seguidores de la joven estrella de la televisión mexicana.

Aunque la familia enfrenta un proceso legal en búsqueda de los verdaderos responsables de la muerte de ‘Benito’, lanzaron también un comunicado para informar que impulsaron un decreto con proyecto de reforma al Código Penal del Estado de México llamada “Iniciativa Octavio Ocaña” para prevenir que los cuerpos de personas fallecidas sean fotografiados y difundidos en las redes sociales.

(Fotos: Instagram)

Y para llevarlo a las instancias correspondientes, la diputada de Morena, Luz María Hernández Bermúdez, presentó ante el Congreso Mexiquense la iniciativa para prohibir que se difundan imágenes, audio, video o cualquier otro tipo de información en relación con las víctimas, recordando que si bien existe la "Ley Ingrid" que está enfocada en los mismos términos, la sanción es menor en el Edomex.

De tal forma, para la entidad propuso que aquellas personas que difundan material de esa índole reciban de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; en tanto si quien lo hiciera proviene de un servidor público, tendría que pagar el doble y hasta 10 años de prisión.

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