8M 2023 Día de la Mujer, Jenn lucha contra el sistema judicial para recuperar a sus hijos

Es imposible evitar que el corazón duela cuando Jennifer Seifert relata la forma en la que su exesposo, con la ayuda del sistema judicial del Estado de México, ha mantenido secuestrados a sus dos hijos adolescentes, Sophia y Matteo, durante 696 días.

Jenn, como le dice su familia y amigos cercanos, es una profesional de las relaciones públicas, una mujer que entiende y sabe utilizar los códigos correctos para comunicar con efectividad y eficiencia los mensajes claves que una empresa quiere colocar en la opinión pública, con discreción y sutileza.

Pero cuando se trata de hablar sobre la violencia que padeció durante su matrimonio con un médico que no es médico, con un padre que no es padre, se olvida de los eufemismos: “Las autoridades del sistema judicial de este país son una porquería, que convencen a las mujeres para que no denuncien a sus esposos golpeadores, que protegen a los abusadores y se empeñan en complicar más y más los procesos por los que pasamos las mujeres para demostrar, como fue en mi caso, que no soy la mujer violenta que pintó mi exesposo ante el ministerio público para quitarme a mis hijos”.

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Hace 696 días, cuenta, sus hijos se irían una semana de vacaciones con su papá. Hace 696 días que Sophia y Matteo no han vuelto a su hogar, con su mamá. Con el apoyo de un grupo de abogados y familiares, el mismo hombre que la violentó económica, emocional y físicamente durante su matrimonio planeó esas vacaciones para denunciarla por violencia familiar contra sus hijos.

Y aunque debió imperar la presunción de inocencia a su favor, desde hace 696 días no ha vuelto a besar a sus hijos antes de dormir ni ha podido escuchar sus gritos y carcajadas.

“Ahora sé que vivía en una burbuja”, cuenta con cierto tono de reproche a sí misma. “Todos los días leía sobre feminicidios, violencia contra las mujeres, pero no me decía gran cosa. Pero ahora, después de hacer público mi caso y el de muchas otras mujeres que nos hemos unido en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, me doy cuenta de que las instituciones de este país, en específico las judiciales, son una porquería, que los defensores de oficio no tiene la menor intención de ayudar a nadie, estén o no rebasados de tanto trabajo; que el DIF, la institución que debería cuidar a la infancia, puede desaparecer a un pequeño y alejarlo de su mamá, entregárselo al padre agresor, tomando una decisión que no lo corresponde, que es exclusiva de un juez”.

En la denuncia que puso en su contra su ex la acusa de haber golpeado a sus hijos, de haberlos encerrados en armarios durante horas, de haberlos abandonado días enteros en gasolinerías, incluso se atrevió a decir, sin pruebas, que los quería vender por $500,000 pesos.

Quedó absuelta por todos y cada uno de los cargos en 12 meses de juicio, de ir y venir a los juzgados penales del Estado de México, padeciendo sus acciones y omisiones, su corrupción institucionalizada y su visión patriarcal que juzga con extrema severidad a las mujeres y con languidez a los hombres. Su acusador no pudo demostrar nada, pero mantiene bajo su custodia ilegal a sus dos hijos, a quienes él ya convenció en 696 días de que su mamá es la culpable de todo.

“Cuando empecé a vivir todo esto, que incluyó endeudarme con familiares, amigos, bancos, enfrentarme a la irresponsabilidad de escuelas que desoyeron mis pruebas, en las que yo organicé festivales, graduaciones, en las que fui vocal de los grupos de mis hijos, decidí que debía reventar esa burbuja y dar mi versión de los hechos a través de redes sociales, y ese fue el principio de lo que hoy es el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria”.

 

 

 

 

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Jennifer inició así una carrera insospechada en búsqueda de justicia. Al divulgar su caso pronto recibió mensajes de otras mujeres que habían vivido o estaban viviendo el mismo tipo de violencia machista, lo que se conoce como violencia vicaria.

En poco menos de dos años, un grupo de WhatsApp se ha convertido en un movimiento nacional que ha conseguido modificar leyes y códigos en 30 estados, que tiene sendas iniciativas en la Cámara de Diputados y en la de Senadores para sancionar con hasta 8 años de cárcel y exigir la reparación del daño contra los padres que tengan estas conductas, pero que también pretende hacer responsables a familiares cómplices y a las instituciones públicas o privadas que, por acción u omisión, ayudan a infractores como el exesposo de Jennifer.

“Los procesos legislativos llevan su tiempo, pero avanzan. Un poco más lentamente en el Senado, porque uno de sus miembros actualmente está acusado por violencia vicaria, un senador que ha alejado a sus hijos de su madre acusándola de violencia familiar por haber volteado un pastel en una mesa, así de absurda es la justicia en este país, más cuando se es alguien influyente en el sistema judicial de un estado como Chiapas, uno de los más retrasados en México cuando se trata de defender a las mujeres”, detalla Seifert.

Pese a estos terribles escenarios de injusticia institucionalizada, Jennifer tiene la esperanza de que, en un futuro cercano y ya absuelta de todos los cargos en su contra, estén de regreso Sophia y Matteo con ella, aunque estén desorientados y confundidos por lo que han escuchado en contra de su madre, por ver que su padre es un manipulador que les mintió durante 696 días y unos más.

“Ya estoy lista. Los quiero poder abrazar y besar. Los quiero de vuelta en su casa”.

El frente va por más

Con 2,800 mujeres siendo la membresía del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, sus líderes buscan que se transforme en una asociación civil. Entre sus primeros objetivos una vez que ya esté legalizado este paso está formar un equipo de abogados especializados en violencia vicaria que asesoren y acompañen a las víctimas que se acerquen al frente.

Asimismo, ofrecerán capacitaciones a escuelas y colegios para que, como ocurrió con el tema del abuso sexual, se tenga una visión afinada sobre qué hacer ante la amenaza de un padre o la solicitud de su parte o algún familiar de documentos para inscribir a los pequeños a otras escuelas.

Además preparan un protocolo de actuación para juzgados y juzgadores, para que tengan actuaciones en las que se respete la presunción de inocencia de las madres y se identifiquen con acertividad posibles casos de violencia vicaria.

Violencia Vicaria

Es aquella violencia contra una mujer que ejerce el hombre por sí o por un intermediario, utilizando como medio a las hijas o hijos producto de la relación de pareja, expareja, concubino, exconcubino, cónyuge o excónyuge para herir, violentar y controlar a la madre, generando un daño psicoemocional a ella y a sus hijas e hijos. Antes, durante y después de la sustracción existe una violencia psicológica constante de parte del agresor hacia sus hijas e hijos, en contra de su madre.

Estos sustraen a sus hijos e hijas de sus madres, amenazándolas con nunca volver a verlos, promoviendo procesos con base en simulaciones jurídicas, dilatando procesos existentes con la intención de romper el vínculo materno filial, lo cual provoca daños irreversibles y es la acumulación de varios tipos y modalidades de violencia, las cuales en su máxima expresión puede ocasionar la muerte y/o suicidio de la madre y/o de sus propios hijos e hijas.