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Luego de llamar a la puerta y no recibir respuesta, abrieron la vivienda y encontraron a la mujer inmóvil bajo su cama, envuelta en un cobertor.
Familiares contaron que la mujer de 28 años conoció a Carlos –quien vive en Atlacomulco, Estado de México– mientras ella trabajaba como guardia de seguridad en Polanco, y él laboraba como valet parking.
Además posee un auto Nissan Máxima negro con calcomanías blancas de Playboy. Mediante un seguimiento satelital, las autoridades ubicaron el teléfono del sospechoso en una vivienda de la colonia Ciudad López Mateos, en Atizapán, Estado de México.
Elsa era madre de tres niños, que tuvo con su primera pareja, pero tras su separación solo se encargaba del cuidado de una niña; las autoridades buscan a Carlos como el principal sospechoso del feminicidio.
En otras noticias, pero del Estado de México, Manuel Castro Jerónimo, quien se ostenta como líder de Resistencia Civil Pacífica (RCP), grupo dedicado a la defensa de derechos humanos, es investigado por violencia familiar en contra de su esposa y su hijo, esto sucedió en Nezahualcóyotl.
Según la causa penal 173/2023, la víctima y el detenido tuvieron una relación de 15 años, lapso en el que procrearon a un menor, pero la mujer lo denunció por la violencia física y psicológica que sufría.
En un principio, una juez le permitió llevar su proceso en libertad con las medidas cautelares de una fianza, una firma periódica, que no se acercara a la víctima y que tomara terapia psicológica, pero incumplió.
“El 1 de diciembre su abogado llegó a la audiencia con una receta médica porque estaba grave, pero no era cierto y se libró la orden aprehensión”, explicó una fuente ministerial.
A pesar de la orden judicial en su contra, el lunes, el supuesto activista dio una conferencia de prensa en la que acusó a su pareja y a su abogada, Fabiola Villa, de orquestar una campaña para desacreditarlo.
Sin embargo, el imputado es señalado por robo y despojo de viviendas. Tras la audiencia más reciente, la víctima y su abogada –del colectivo Amor y Rabia– comenzaron a recibir amenazas de muerte, por lo que responsabilizaron al imputado de cualquier atentado contra su integridad.
