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Por Raúl Torres y Amalia Escobar
GUADALAJARA. – Tuvieron que pasar casi seis meses y que dos colectivos de búsqueda de desaparecidos denunciaran para que las autoridades estatales y federales iniciaran una investigación sobre el rancho Izaguirre, campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco.
El sitio fue asegurado el 20 de septiembre de 2024 por la Guardia Nacional (GN) tras un enfrentamiento.
En su momento, la GN informó que el lugar fue identificado como un centro de adiestramiento donde se encontraban dos personas privadas de la libertad, se detuvo a 10 presuntos plagiarios y se encontró a una persona sin vida.
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Tres meses después, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco recibió un reporte de un sobreviviente y llegaron al lugar, donde encontraron los crematorios y las pertenencias de cientos de personas.
“El 4 de diciembre el colectivo hizo el hallazgo y le dio el aviso a las autoridades [estatales], quienes al parecer acudieron al lugar, pero al no encontrar personas con vida dejaron el asunto por la paz”, explicó la activista Ceci Patricia Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora.
El colectivo documentó con fotografías y videos los crematorios clandestinos y las prendas de vestir, por si alguien podía identificarlas.
“En enero, volvieron para ver si la autoridad había hecho alguna diligencia y se dieron cuenta que todo estaba igual. Está terrible la situación, y más que lo quieren ocultar las autoridades”, expresó Flores.
Fue hasta el 5 de marzo cuando el colectivo Guerreros Buscadores ingresó al sitio y difundió las fotos de cientos de zapatos abandonados, las cuales se hicieron virales y obligaron a que autoridades estatales y federales pusieran atención al tema.
Autoridades omisas. Al respecto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que lo encontrado en Teuchitlán no puede existir sin que las autoridades locales estén enteradas, mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se deslindó de responsabilidad, al decir que el hallazgo no ocurrió en su administración, que inició el 6 de diciembre.
“No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”, mencionó Alejandro Hertz Manero, Fiscal general.
