Un anuncio en la fachada de una casa de huéspedes de la Santa María la Ribera ofrecía alojamiento a cambio de cumplir con las reglas del orden y el pago de mil 700 pesos al mes. Pero ahí, venezolanos, colombianos y haitianos convirtieron el negocio en un refugio de homicidas, traficantes y sexoservidoras, aunque había excepciones.
Hoy las puertas y paredes del número 45 de la calle Doctor Enrique González lucen los sellos de clausura colocados por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
Según el instituto fueron las denuncias lo que llevó a indagar si la casa operaba en regla, y la falta de un documento, derivó en la clausura. Pero ahí habitantes y comerciantes de la calle saben que no era necesario una investigación a fondo. Y es que ellos dicen que policías y funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc sabían de los crímenes ocurridos en la casa de huéspedes. Oficialmente autoridades de la Alcaldía aseguran no haber recibido quejas.
Lee también: Escándalo en Palacio Nacional: Aclaran video de Sheinbaum atacando a Ángela Aguilar
A principios de marzo, en una de las habitaciones de esa casa se hospedaba un venezolano que, por celos, degolló a su novia también venezolana. No era la primera ocasión que los vecinos se enteraban de un intento de feminicidio en ese lugar y por eso el 6 de marzo, la casa se vio obligada a cerrar sus puertas.
Aun así, los crímenes acechan a vecinos y comerciantes.
Prueba de ello, es el homicidio de un venezolano que el fin de semana pasado fue apuñalado afuera de la casa huésped. Esa noche, en la calle hubo enfrentamiento entre migrantes y el venezolano murió apuñalado por tres de sus compatriotas.
Por eso, los residentes oriundos de la calle saben que los sellos colocados en la casa de huéspedes no terminarán con los crímenes.
Lo que en un inicio era un espacio para los residentes de la colonia, después tuvieron que soportar suciedad, rumbas y peleas callejeras, hasta que, con el tiempo se convirtió en un problema de inseguridad grave.
Con las olas de migrantes y el cambió en las políticas migratorias estadounidenses, quienes administran las casas de huéspedes en la colonia vieron un jugoso negocio en quienes persiguen el sueño americano.
De ser casas que ofrecían refugio a trabajadores o estudiantes que venían mayormente de Guerrero, Oaxaca y Puebla, se convirtieron en el establecimiento que representan una amenaza a los habitantes.
Lee también: "Prefiero las rejas": Ángel del Villar da la cara tras escándalo con Gerardo Ortiz y el CJNG
Y según los mismos colonos, el número 45 de Enrique González no es la única casa que les preocupa. En la zona hay renta de cuartos en vecindades y al menos siete casas de huéspedes que han proliferado con la llegada de migrantes.
Desde hace poco más de tres años los habitantes de Santa María la Robera deben convivir con los puestos ambulantes de comida sudamericana y la venta de droga en las calles entre migrantes que viven ahí.
No es un secreto que, en la casa de huéspedes hoy clausurada, se reunían migrantes consumidores y traficantes.
Uno de ellos era Joineker Enrique, un joven venezolano que fue ejecutado en la zona tolerada para fumar marihuana afuera del Metro Hidalgo y que tenía tres semanas como habitante de la casa de huéspedes. Tras el homicidio fue Miguel, otro venezolano que compartía habitación con el ejecutado, el encargado de identificar el cadáver y de declarar para señalar a los homicidas.
Horas después del ataque en la colonia Tabacalera de la misma alcaldía, Milayne Catherin, una colombiana de 17 años, y Billy su pareja venezolano de 18, fueron aprehendidos al escapar en una motocicleta como responsables del asesinato.
Así como ellos, una fila de motociclistas que en la espalda llevan mochila, invade la calle Enrique González Martínez de día y de noche. Aunque se hacen pasar por repartidores, la gente los identifica como migrantes que ahora viven del narcomenudeo.
Y es por eso, que los vecinos prefieren caminar de más y evitar la zona para rehuir a los motociclistas que se apoderaron de la calle.
Evitar la convivencia con los migrantes es la manera en la que los habitantes de Santa María la Ribera combaten la inseguridad. Y es que para ellos “ningún sello de clausura garantiza la tranquilidad que buscan”.
