Gobierno de Eruviel Ávila sembró falsos culpables para mejorar imagen pública, en Edomex

Como parte una beca de periodismo de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), La Silla Rota realizó una investigación en la que analizó 25 expedientes judiciales, estadísticas oficiales y testimonios y encontró algo preocupante: durante la administración del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se fabricaron falsos culpables. ¿El objetivo? Aumentar el número de sentencias de condenas para elevar los índices de eficiencia del estado y defender los avances del gobierno de Eruviel en temas de seguridad pública.

Entre el primero y el quinto año de la administración de Eruviel Ávila, los secuestros se duplicaron y entre septiembre de 2015 y noviembre de 2016 se denunciaron 2,080 homicidios dolosos (la cantidad más alta en los últimos años). 

Para darse una idea de la magnitud del problema de la inseguridad, Javier Martínez Cruz, especialista del Instituto de Estudios Legislativos, dijo que durante el gobierno de Ávila el Estado de México tenía las cifras más altas en algunos delitos a nivel nacional como el secuestro, el robo de vehículos, la trata de personas y la violencia de género. Tanto que en 2016, el INEGI ubicó al estado con la peor calificación de la percepción de inseguridad entre ciudadanos.

¿Cómo? El Ministerio Público (MP) usó cinco métodos para hacerlo: manipuló testigos (o dejó que en algunos casos ni hubiera), torturó y sobornó a personas, sembró evidencias y pasó por alto la falta de pruebas científicas y técnicas para respaldar las acusaciones. Para poder entender este problema hay que dividir la responsabilidad en dos partes: la Fiscalía y el Poder Judicial. La primera fabricó los casos desde el Ministerio Público y la segunda, dio por buenas las evidencias que el MP presentó, aunque hubiera irregularidades en los expedientes.

Al 70% de los detenidos se les inició un proceso judicial, fueron sentenciados y ahora cumplen una pena tras las rejas.

En el 40% de los casos, los detenidos fueron víctimas de tortura, pues la policía los obligó a decir que eran culpables y que formaban parte de una organización criminal.

En el 60% de los casos, los acusados dijeron que se había sembrado evidencia (principalmente armas).

Según información de la Fiscalía mexiquense: ciudadanos denunciaron a 1,181 agentes del Ministerio Público local por irregularidades.

Se iniciaron 3,291 denuncias contra jueces y 78 contra magistrados entre 2011 y 2018.

Los distritos que tuvieron todas estas irregularidades fueron Ecatepec, Naucalpan, Chalco y Texcoco.

En los casos consultados para esta investigación periodística, hubo cinco amparos donde los jueces federales evidenciaron que los jueces locales cometieron errores e irregularidades. En estos expedientes, los “falsos culpables” recibieron protección.

En dos procesos, revocaron las acusaciones de jueces locales, debido a que las pruebas del Ministerio Público no acreditaban que eran culpables. En dos más, se redujeron las penas y en otro se repuso el proceso. 

Uno de ellos fue el de siete comuneros de Salazar, en Lerma, quienes estuvieron encarcelados tras oponerse a un proyecto comercial en 2016. Las pruebas ­fueron tan débiles que, recientemente ante un amparo, quedaron liberados y presentados como presos políticos por el equipo de Alejandro Encinas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otro de los amparos notorios fue el que interpuso el reo José Humbertus Espinoza, luego de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex, Sergio Medina Peñaloza, designó en 2017 a dos jueces como magistrados sustitutos para dar resolución a su caso, sin explicación alguna.

En dicho amparo, el 155/2017, los jueces federales Roberto Dionisio Pérez Martínez, Antonio Legorreta Segundo y Rubén Arturo Sánchez Valencia concluyeron que se “vulneró” su derecho fundamental a un debido proceso penal con base en el artículo 42 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para Humbertus esa designación fue una represalia por volverse una voz incómoda desde el penal de Chiconautla, en Ecatepec. Dentro de la cárcel, él da asesorías judiciales y cientos de reos protestan durante las audiencias porque no se respetan sus derechos.

La unión entre los internos desembocó en un amparo colectivo que lideró el propio Humbertus, y pese a que no se resolvió a su favor, se trató de un recurso histórico debido a que aglomeraba cientos de reos que denunciaban violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, además de torturas.

Ahora Humbertus encabeza el movimiento llamado Presunción de Inocencia y Derechos Humanos; también están activos los colectivos Hazme Valer, dirigido por el exprisionero, el profesor Óscar Neri; Pena Sin Culpa de la abogada Aribel García; y los pueblos agraviados de comuneros e indígenas como Salazar, San Pedro Tlanixco y Atenco. Son las revoluciones judiciales que han brotado y sólo piden que las cárceles mexiquenses no sean ocupadas por inocentes. 

¿Para qué? A 12 días de que terminara el sexenio de Eruviel Ávila, la situación ya había cambiado, al menos para el gobernador. Según los números de su administración, para el 3 de septiembre de 2017 el Estado de México ya era uno de los cuatro estados con mayor capacidad para atender las demandas por inseguridad pública. ¿A qué precio? A costa de los acusados inocentes y de las cientos de quejas por actos de corrupción, omisión, presión, manipulación, irregularidades, trato inadecuado y fallas administrativas.