EXIGEN JUSTICIA

Multihomicidio de Narvarte: A 9 años familiares de víctimas siguen luchando por la verdad

Piden que se complementen todas las líneas de investigación

Multihomicidio de Narvarte: A 9 años familiares de víctimas siguen luchando por la verdad

Foto: (Artículo 19)

La roja 31/07/2024 15:01 Uriel Rodríguez Actualizada 15:01
 

Familiares y amigos de Alejandra Negrete, Mile Martin, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Rubén Espinosa exigieron esta mañana justicia por su asesinato, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Después de 9 años, las familias y representantes legales de las cinco víctimas continúan luchando por la verdad, enfrentando obstáculos como la falta de avances en la investigación y la remoción de un memorial dedicado a las víctimas.

En una conferencia de prensa realizada en la entrada de la sede de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, se criticó la inacción de las autoridades, que han pasado por múltiples administraciones sin resolver el caso.

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Destacaron que la impunidad en este crimen se suma a un patrón más amplio de violencia contra periodistas en México, con 77 asesinatos adicionales desde entonces, con Veracruz como el estado más peligroso para ejercer esta profesión.

Denunciaron la falta de avances en las tres líneas de investigación abiertas por la Fiscalía, así como posibles omisiones y filtraciones de información, y criticaron que se haya removido recientemente de un memorial dedicado a las víctimas, lo cual ha indignado a los familiares.

Los familiares, amigos y representantes legales, así como miembros de la organización civil Artículo 19, demandaron en la reunión con los medios de comunicación que se identifiquen a todos los involucrados en el crimen y se agoten todas las líneas de investigación, especialmente la relacionada con Veracruz.

"En Veracruz, desde 2012 salimos a las calles por los periodistas asesinados. A pesar del miedo, exigimos en la plaza principal justicia. Es en esa época donde pierdo a dos amigos, Regina Martínez y a Rubén Espinosa. A los dos los han dejado en impunidad. Ambos cubrían movimientos sociales ante la violencia grave que vivíamos en Veracruz”, comentó durante el mitin Norma Trujillo, periodista de Veracruz.

Asimismo, exigieron que se investigue a funcionarios que, sostienen, posiblemente obstruyeron la justicia, se garantice la reparación integral del daño a las familias, y se proteja el nuevo memorial de las víctimas instalado en el lugar del asesinato múltiple.

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Foto: (Artículo 19)
 
“Aunque a Rubén (Espinosa) no lo asesinaron en Veracruz, de donde huyó ante las amenazas en su contra, no dudamos que fue allá donde se fraguó todo cuando Duarte gobernaba la entidad”, recordó Griselda Triana, también periodista de aquella entidad. “Y no solo no nos ofrecen justicia, las instituciones nos revictimizan. Somos víctimas de la violencia de Estado, pero también de un Estado omiso e indolente".

En su oportunidad, Patricia Espinosa, hermana de Rubén, aseguró que les queda claro a sus familiares y defensores que la entonces Procuraduría capitalina "desde el inicio quiso hacer creer que el asesinato de Rubén no tenía nada que ver con su labor periodística, y han argumentado que todas las líneas siguen abiertas, pero de nada sirve porque realmente la línea ‘Veracruz’ no ha sido investigada".

“Nosotros venimos a entregar información que la Fiscalía guarda en un cajón. Las autoridades, gracias al trabajo que nosotros hemos hecho, ya aceptó que hubo dos actores materiales, porque de los intelectuales ni hablamos, ya que no tienen la menor idea de quiénes son”, criticó Patricia Espinosa.

Por eso, le exigió a la Fiscalía capitalina que cumpla con la Recomendación 4/2017 de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, que desde el 21 de junio de 2017 establece 18 puntos a cumplir, incluida la solicitud a la Fiscalía de Justicia local de presentar un plan integral de investigación que permita agotar todas las líneas relacionadas con el caso; así como abrir investigaciones relativas a responsabilidades administrativas y/o penales de personas servidoras públicas por la filtración de información y por la violación de derechos humanos, entre otros.

La ombudsperson capitalina en ese momento, Perla Gómez, dijo que la Comisión acreditó la violación a los derechos humanos de debido proceso y debida diligencia en relación con el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión, a la verdad y acceso a la justicia, a la integridad personal en relación con la memoria, la honra y la dignidad, y el de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

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