Su nombre es Rubén Espinosa Becerril. ¿Es este sólo un crimen más? Lamentablemente no. Este es un atentado contra la libertad de todos. Si asesinan a un periodista, mutilan a la democracia. Y la sociedad pierde su derecho a la información.
Este es un botón de muestra de que las instituciones han fallado. Aunque el Distrito Federal es la única entidad que cuenta con un Programa de Derechos Humanos aún es incapaz de garantizarlos. A pesar de que en 2010 fue pionera al crear una agencia del Ministerio Público especializada para la atención de delitos en agravio de periodistas y la primera en publicar un protocolo de investigación para la atención de dichos delitos, en un crimen como el que se cometió la noche del viernes 31 de julio, la primera línea de investigación es la de un robo. ¿Un robo en el que se asesina a cinco personas cuyos cuerpos son hallados con tiro de gracia y huellas de tortura?, ¿un robo en el que entre las víctimas están un fotoperiodista amenazado y una activista de Veracruz?
Han pasado cinco años desde que la agencia fue creada. ¿No es tiempo suficiente para aprender cómo se deben investigar estos casos si existe un protocolo publicado en la Gaceta Oficial del DF al que los policías ministeriales están obligados a apegarse?
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene facultades para abrir una queja de oficio y solicitar a las autoridades un informe para saber si la víctima había solicitado medidas de protección durante su exilio en el DF y si éstas le fueron proporcionadas o no. También puede emitir medidas cautelares a la PGJDF para instarla a apegarse al protocolo mencionado. ¿Qué le ha impedido a la CDHDF hacer uso de esa facultad? Antes de presidir dicha institución, Perla Gómez ejercía como abogada y defendía a periodistas que habían sido vulnerados en su derecho a la libertad de expresión.
También en 2010 fue creada la Casa de los Derechos de los Periodistas, A.C., con presupuesto público aprobado por la Asamblea Legislativa del DF. Si uno intenta encontrar al menos el sitio web de esa asociación es imposible, el buscador dice que no está disponible. ¿Qué pasó con esa casa que debía servir como refugio a periodistas amenazados o agredidos? ¿Por qué no progresó? ¿Cómo es que Balbina Flores, quien en un documento fechado apenas en marzo de 2015 aparece como presidenta de la Casa de los Derechos de los Periodistas A.C., hoy es la Relatora para la Libertad de Expresión de la CDHDF y aún así dicha instancia se haya limitado a emitir sólo un comunicado tibio y tardío? El crimen perpetrado en contra de Rubén, Nora, Yesenia y las otras dos mujeres podía haberse prevenido. Si esa Casa Refugio hubiera estado funcionando. Pero el hubiera no existe. La burbuja frágil de seguridad se nos rompió entre las manos. ¿Hasta cuándo gobernará la impunidad?
