Pobladores de Salazar se niegan a la construcción de un residencial

Claudia González 

Llevan más de cuatro años de pelear las 50 hectáreas de la comunidad de Salazar, municipio de Lerma, predios verdes inmersos en el bosque a unos metros de la carretera México-Toluca y en donde habitan al menos 3 mil personas.

Sin embargo, desde el jueves 14 de diciembre, se dividen en grupos de hombres y mujeres para vigilar una parcela de 4 mil metros cuadrados, tras la llegada de topógrafos e ingenieros para hacer mediciones de la tierra en donde presumen, habrá la construcción de un residencial y un centro comercial. 

José Antonio Lara Duque, uno de los representantes mencionó que uno de los trabajadores de la constructora se identificó como Francisco Javier Gómez y argumentó que los terrenos son suyos, además de que cuenta con la autorización para construir. Minutos después los presuntos invasores regresaron resguardados por elementos de la policía municipal que permanecen desplegados a lo largo de la vía. 

“Es que a unos metros de aquí construyeron un plantel de una universidad privada ¿para qué cree usted que quieren esta región? Nos quieren sacar a todos de aquí y no nos vamos a dejar, esta tierra es nuestra desde hace décadas”, dijo uno de los inconformes, quien pidió reservar su nombre por temor a represalias. 

Mujeres y hombres se encuentran dispuestos a defender sus predios hasta las últimas consecuencias, aunque advierten que no van a caer en las provocaciones que pretende la constructora que se acreditó como “Rocko permant”, pues desde el lunes comenzaron desplegar camiones con supuestos trabajadores, entre ellos, gente armada. 

Sin bloquear tránsito. Los ejidatarios se mantienen al pie de la vía conocida como Camino a Cañada Alférez, que conecta con la comunidad de Salazar, a unos kilómetros se encuentra la carretera México - Toluca, aunque sin bloquear el tránsito de automóviles, pues aseguran que sería motivo para su detención. 

Recordaron que el 30 de septiembre fueron detenidos ocho comuneros por la misma disputa de los predios, acusados de privación ilegal de la libertad, lesiones y robo con violencia y por los que no han podido liberarlos de la prisión, de modo que solicitaron la intervención del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, quien denunció el ingreso, por segunda ocasión en menos de una semana, de maquinaria pesada utilizada para la construcción a tierras comunales de la localidad. 

Advirtieron que con los presuntos representantes de la constructora, acudió Miguel Torres Flores quien se acreditó como trabajador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); sin embargo, en dicha dependencia negaron que haya un trabajador con este nombre y que tengan una obra pendiente en esta región del Valle de Toluca. 

Alegan que hay muchos intereses económicos sobre estos predios, sobre todo apelan a que la autoridad respete el amparo y el juicio agrario que está vigente, que reconoce a los bienes comunales como legítimos dueños de esa tierra.