Nadie en sus cabales podría oponerse a mejorar la educación pública y privada del país, objetivo central, hasta donde se aprecia, de la reforma constitucional en la materia aprobada por el Congreso y en vigor desde hace apenas unos días.

Muy cacareada por la propaganda oficial a partir de ese criterio, ha dejado poco espacio para el debate sobre la ley reglamentaria que (decíamos en entregas pasadas) será la que haga posible, en términos prácticos, la consecución de ese objetivo hoy inalcanzable por una realidad burocrático administrativa que lo impide.