Tania tomó la mala decisión de transferir a su cuenta bancaria 50 mil pesos de la empresa que la contrató, en el área de contabilidad, una década atrás.
De trayectoria intachable y reconocida por sus patrones como una mujer proba, pensó que no habría consecuencias, pues planeaba reponer el dinero para la cirugía de su mdre, con un préstamo bancario. Sin embargo, la aprobación del crédito se demoró y el contador general detectó el faltante.
Tras una auditoría, se descubrió la responsabilidad de Tania en el desfalco. Además del despido, Tania fue acusada y llevada a proceso por fraude, por lo que fue vinculada a proceso por un juez de control, quien lo remitió al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la CDMX (Niños Héroes 133, colonia Doctores, Cuauhtémoc), a fin de que, con el mecanismo de facilitación penal, las partes pusieran fin al conflicto, con la firma de un convenio.
En la primera sesión, el facilitador penal explicó a Tania y al representante de la empresa los alcances de la justicia alternativa: arreglar la controversia sin llegar al final de un juicio penal, garantizar a la víctima (la empresa) la reparación del daño, y a la acusada acceder a una forma anticipada de conclusión del proceso.
Tania expresó sentirse apenada por su acción; además, dijo estar dispuesta a reintegrar los 50 mil pesos, incluso con intereses. A su vez, el representante jurídico dijo contar con autorización para firmar un convenio, pero en una sola exhibición.
Para una segunda sesión, para concretar los puntos del acuerdo, Tania se comprometía a restituir la totalidad del dinero en un plazo de 48 horas, con los intereses generados, con transferencia interbancaria, lo que fue aceptado por el abogado de la empresa.
Tania quedó libre del proceso penal iniciado en su contra.
