Caso Alameda llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Marittza Navarro

Ante la “cerrazón” de los comerciantes, el caso Alameda llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del estado.

Recordó que por instrucciones del gobernador Francisco Domínguez Servién asesoran a las autoridades del municipio de Querétaro para que sepan cómo usar todas las herramientas legales que eviten el regreso de los ambulantes a la Alameda.

El argumento más fuerte, dijo, es la ponderación del espacio público al que tienen derecho los ciudadanos.

Explicó que el municipio no está eludiendo el ordenamiento judicial de restituir el derecho de los ambulantes a tener un espacio digno en donde ejercer su actividad, pero se apeló al cumplimiento alternativo que consiste en ofrecer un lugar distinto a la Alameda para que continúen con su actividad comercial.

“Esa decisión del Juez de Distrito es inobjetable, simple y sencillamente de cumplimiento forzoso y necesario (…). Trabajamos en buscar otra zona que les dé las mismas condiciones y generar la misma seguridad, pero ahora jurídica y de dignidad, en un lugar donde no afecten el espacio urbano que es de todos los queretanos”, dijo.

Durante las mesas de trabajo se han ofrecido distintos espacios en la capital, pero ninguno satisface las peticiones de Pablo González Loyola, líder de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, cuyos agremiados fueron favorecidos con dos juicios de amparo para regresar a la Alameda.

Agregó que “dada esta cerrazón al diálogo se optó por dejar a un lado las conveniencias de este líder” y se presentó un trámite jurídico ante los jueces de distrito [quienes, por separado, resolvieron dos juicios de amparo en favor de más de 90 comerciantes]; ambos jueces aceptaron un Incidente de Cumplimiento Sustituto de la Sentencia “para que sea la Suprema Corte la que resuelva”.

Debido a la falta de acuerdo, este recurso legal abre la puerta para que la máxima autoridad judicial defina si el caso puede ser resuelto por los magistrados o no, y de ser así, que defina obligar a los comerciantes aceptar su reinstalación en un sitio diferente.