Viven en el exilio tras casos de feminicidios en Lerma, Toluca

Maldita perra comienza a temblar porque ya firmaste tu sentencia de muerte”. Ésta es una de tantas amenazas que Lorena Gutiérrez, ha recibido por parte de la familia de los presuntos asesinos de su hija Fátima.

Tras el feminicidio de la niña, de 12 años, ocurrido el pasado 5 de febrero del 2015 en Huizizilalpan, Lerma, la familia Quintana Gutiérrez no ha parado de sufrir agresiones, intimidaciones y hostigamientos lo que han obligado a toda la familia a dejar su domicilio .

“Mi casa fue baleada, mis hijos eran acosados en la escuela y por eso se da el primer desplazamiento a un municipio cercano, pero seguían las amenazas", platicó Lorena.

“Han sido violados nuestros derechos, no sólo el de siete adultos que fuimos desplazados, sino los de cinco niños que fueron dejados sin escuela y encerrados como prisioneros en el primer desplazamiento. 

No podíamos salir ni a trabajar, nos manteníamos con la despensa que nos daba la Comisión de Victimas, mis nietos tenían que comer frijoles, arroz y sardina diario", relató.

“Dentro de la sala de audiencias se me amenazó de muerte en presencia del juez, de los MP, de todos los que estaban ahí, fui a presentar mi denuncia a la Fiscalía pero me dijeron que las amenazas no procedían. Que necesitaban que me pasara algo para actuar en contra de los papás y la familia de José Juan”, recordó.

José Juan "N", detenido por ser el probable responsable del asesinato de Fátima junto con los hermanos Mizael y Luis Ángel, logró salir en libertad. La familia se tuvo que mudar de nueva cuenta a otro estado de la República. Con la esperanza de que algún día irse a Canadá, donde ya han pedido asilo. 

José Juan es nieto de un militar ex retirado, sobrino de judiciales federales e hijo de un trabajador de la policía municipal de Naucalpan, señaló Lorena Gutiérrez.

Fátima fue violada, torturada y apuñalada por 90 ocasiones, murió luego de que sus agresores le dejaran caer tres piedras pesadas en la cabeza.

PREOCUPACIÓN. Además de tener que soportar el dolor de perder a una hija, hermana o madre, la familia de algunas de las víctimas de feminicidio sufren el desplazamiento de sus hogares.

Este mismo infierno vive la familia de Verónica Guadalupe Benítez Vega, apuñalada por su pareja el 6 de julio del 2017 en Nicolás Romero.

Quienes aunque dejaron su casa, no han dejado de ser amendrentados. 

“¡Qué bueno que sigan sufriendo. Se los van a chingar!”, gritó un hombre a Juana, hermana de Lupita, tras una audiciencia sobre el caso. 

Las autoridades les dicen que no pueden hacer nada, ya que las amenazas no constituyen un delito en el Estado de México. 

 Víctor Rogelio Caballero Sierra, director del Colectivo Aequus, dedicado a la defensa de Derechos Humanos, señaló que es preocupante que estas familias vivan bajo amenazas. 

“Nos preocupa que constantemente reciban amenazas, reciben señalamientos del sujeto procesado, falsedades", dijo.