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“Estas ciudades santuario, por el amor de Dios, déjennos entrar en sus cárceles”, señaló Homan, alegando que es mucho más seguro para las comunidades si los agentes federales pueden detener a los indocumentados que ya están bajo custodia. De ese modo, subrayó, aquellos que han sido detenidos por delitos penales no son puestos en libertad.
Veinticuatro hombres que dicen ser trabajadores de plantíos en Denver, Colorado, llegaron la noche del martes a la garita El Chaparral, en Tijuana, Baja California, tras ser detenidos por la mañana por autoridades migratorias.
"Hoy nos deportaron. Nos agarraron trabajando. Cuando entró Trump nos arrestaron", dijeron tras salir del inmueble con papeles en mano y su pulsera que los identifica como deportados.
Por si fuera poco, tras autorizar las redadas en iglesias, escuelas y hospitales, y despedir a las juezas responsables de supervisar las 71 cortes federales de migración, el gobierno trumpista ha ordenado a los fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal o local que se interponga en la aplicación de las medidas migratorias de la nueva administración. Estas últimas dos acciones se suman a la avalancha de decretos que el republicano ha firmado desde su toma de posesión el lunes, lo que alimenta el temor de que las detenciones y expulsiones se intensifiquen en cualquier momento.
