La propia Procuraduría respondió, a través de solicitud de información, que tiene registro de 13 indagatorias iniciadas contra servidores públicos por el delito de tortura en agravio de niños, niñas y adolescentes
El Estado, en este caso el Gobierno de la Ciudad de México, como responsable de las cárceles, tiene la obligación de prevenir las muertes de las personas privadas de la libertad